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Uno de los problemas sociales que afectó el desarrollo ordenado de la ciudad de Arequipa es el de las invasiones de terrenos, actividad que se convirtió en lucrativa para diversos personajes que, conociendo el costo que tendrían los predios ocupados con el paso del tiempo, se dedicaron al tráfico de estos, y así aparecieron diferentes mafias.

El Ministerio Público, a través de la fiscalía correspondiente, tiene en sus manos alrededor de 140 investigaciones, y por estrategia guarda en reserva el avance de estas.

En lo que va del año, solo se sabe del caso de los terrenos de Jardines de Chachani, que permitió desbaratar una organización que festinaba y traficaba terrenos privados.

Hoy, a 13 días de las elecciones municipales y regionales, ciertos candidatos irresponsables, por ganar, ofrecen titular zonas invadidas, buscando así el respaldo de estas poblaciones, que ocupan de manera ilegal dichas tierras, en gran parte propiedad del Estado y en otras de privados.

La ley es clara en este aspecto, y nadie puede apropiarse de bienes públicos, menos estos postulantes que quieren ser las nuevas autoridades ediles y regionales a partir del 1 de enero recurriendo a propuestas irreales.

Los ocupantes de estas tierras saben que es ilegal su situación y en cualquier momento serán retirados, pues las normas están para cumplirse.

Hay que seguir identificando a estos traficantes de terrenos, pues ellos se enriquecen y evaden a la justicia, como ocurrió con muchas invasiones en el Cono Norte y ahora en el Cono Sur de Arequipa, donde surgen nuevas urbanizaciones sin la planificación del caso. Se demanda con urgencia un orden urbano.