Es de esperarse que la necesaria cacería contra el presidente regional de Áncash, César Álvarez, y su entorno, a quienes se vincula con el asesinato de Ezequiel Nolasco, marque un nuevo rumbo en el país, a fin de que nunca más la impunidad reine en beneficio de personajes de dudosa reputación que, como en el caso mencionado, por años han hecho lo que han querido.

Hoy le ha tocado a Álvarez y vemos que también están en serios problemas las autoridades regionales de Cajamarca y Tumbes. Las investigaciones en su contra y el hecho de que las autoridades políticas y judiciales hayan despertado de su letargo es sin duda un gran paso en la lucha contra la corrupción, pues más allá de si son culpables o no esos caballeros, con que rindan cuentas ya es bastante.

Nunca más el Perú debe ser el reino de la impunidad, que era lo que imperaba en Áncash, Cajamarca y Tumbes desde hace varios años. Todos sabían que las cosas no caminaban bien, menos la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Contraloría, que ojalá en adelante, luego del papelón que han hecho, sepan actuar en el debido momento para evitar que se juegue con los recursos públicos.

Lo sucedido con tres presidentes regionales debe de ser visto con ojos muy abiertos por aquellos personajes que en pocos meses postularán en los comicios regionales y municipales, creyendo que si ganan serán libres para hacer lo que quieran y asegurar su futuro y el de varias generaciones de sus descendientes no precisamente a través de su trabajo, sino del desvío de fondos públicos luego de sacar del camino, incluso a balazos, a quien se oponga.