Como el congresista Jorge Montoya, vengo insistiendo que el Perú denuncie el Pacto de San José de Costa Rica, y nos desliguemos de la Corte IDH, solo que para aplicar la pena de muerte para los violadores de menores. Reproduzco íntegramente mi columna “PROPONGO LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL ANDINO DE DERECHOS HUMANOS” del 8.02.2018: “La excusa de los que en el país se oponen a la aprobación de la pena de muerte para el delito de violación sexual de menores de edad seguido de muerte es que somos parte de la Convención Americana de DD.HH. de San José de Costa Rica que efectivamente la prohíbe (Art. 4); pero esa realidad jurídica debe ser contrastada con la otra también consagrada en el mencionado instrumento en su Art. 78 y que está referida a la DENUNCIA que no es otra que la decisión soberana del Estado de desligarse del tratado.

Ello fundado en la realidad social, pues el DERECHO no puede ser jamás ajeno al HECHO SOCIAL que siempre es superior a la norma. Es un mito creer que por salirnos de la Corte seremos sancionados y que además quedarán en la orfandad nuestros derechos. Lo que debemos hacer es fortalecer nuestro sistema judicial y asumirlo eminentemente garantista. Esa es la tarea.

Si el presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez, no tiene confianza en la eficacia del sistema de administración de justicia que él preside, entonces debe renunciar. La vocación de las partes y de los agentes del proceso de administración de justicia peruanos, debe ser siempre acudir a la justicia nacional. Solo se recurre a la supranacional en modo excepcional, nunca como regla.

Frente a una eventual denuncia de la anotada Convención, propongo que el Perú presente en el marco de la Comunidad Andina –CAN, la creación del Sistema Andino de DD.HH. con su tribunal como el Tribunal Europeo de DD.HH., la Corte Africana de DD.HH., la Carta Árabe y la Carta Asiática de DD.HH.

La CAN cuenta con el Tribunal de Justicia (TJ) que es su órgano jurisdiccional y que está encargado de dirimir definitivamente las controversias comerciales, aduaneras, etc., que pudieran surgir en el marco del ordenamiento jurídico comunitario; la idea sería ensanchar sus arreglos a las de derechos humanos. Es un asunto de decisión política que desde luego deberá ser consensuado con Ecuador, Colombia y Bolivia y no será incompatible con ser Estado miembro de la OEA”.