Cárcel para Toledo

La orden de detención preventiva dictada anoche en contra del expresidente Alejandro Toledo por haber recibido una presunta coima de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, no es más que la cereza en el pastel de una serie de hechos que sin duda alguna llenan de indignación y vergüenza a los peruanos, que desde ayer tenemos a un segundo mandatario con arresto vigente por actos de corrupción.

En su pedido de arresto, el fiscal Hamilton Castro señaló que Toledo, el presidente elegido por todos los peruanos, pidió una coima de 35 millones de dólares a Odebrecht, pero que como no cumplió con el “compromiso”, le rebajaron la marmaja. No, lo dicho por el magistrado no es una situación protagonizada por “Caracol”, por la gente de “Los Charlies de Breña” o por los recordados “Retacos” de los años 80, sino por un mandatario en funciones. Qué vergüenza.

Lo de ayer ha sido el colofón de una semana que se inició con el allanamiento de la casa de Toledo, a raíz de las delaciones de Jorge Barata, quien dio detalles de las cuentas bancarias vinculadas a Josef Maiman a las que se depositó el dinero sucio que buscaba alterar las bases para construir una de las Interoceánicas, lo que ha generado un pobre descargo del exmandatario y las amenazas de su esposa, Eliane Karp, al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Una mención aparte merece la defensa de Toledo, ejercida por Heriberto Benítez, un personaje por demás cuestionado por sus vínculos con los encarcelados César Álvarez y Rodolfo Orellana, y que al final de su mandato congresal el año pasado apareció, entre gallos y medianoche, como aliado del moribundo humalismo, al extremo que por un tiempo fue parte de su fallida lista de postulantes al Congreso para los comicios del 2016.

Ayer fue un día histórico para el Perú, en el peor sentido de la frase, pues como nunca tenemos a dos gobernantes, supuestamente antagónicos entre ellos, que tienen grilletes en las manos pese a haber recibido el honor de personificar a la nación peruana por voluntad popular. Nuestro país necesitará una larga terapia, que debe comenzar con la aplicación de las más duras sanciones que manda la ley contra aquellos que, según afirma la Fiscalía, llenaron sus bolsillos.