Carpeta brasileña abierta

En los últimos meses, las actuaciones fiscales en el Perú han venido de la mano con dos situaciones que, si no se hace algo radical, van a quedar legitimadas en el día a día de las diligencias judiciales. Una es la pérdida de seriedad de las carpetas fiscales, que han dejado de ser reservadas, y su contenido, que incluye declaraciones de presuntos testigos, peritos y aspirantes a colaboradores eficaces, es filtrado a la prensa cada vez con menos rubor y al parecer por las propias autoridades encargadas de su custodia. Sin mayor peso legal, pero con rápidos efectos mediáticos.Esta perversa práctica, que no solo afecta la reserva de las pesquisas sino fundamentalmente el derecho a la defensa y presunción de inocencia de los investigados, va unida ahora a otra no menos alevosa. Se trata de las declaraciones que vienen haciendo algunos ciudadanos brasileños que, ante la expectativa de una cómoda colaboración eficaz en su país, no dudan en dejar su versión en algún documento fiscal peruano y después huir, esperando indulgencias en Brasil. Ese es el contexto de la declaración del señor Valdemir Garreta, quien según ha publicado un medio escrito habría sostenido que formó parte de una triangulación con Odebrecht y OAS para financiar un monto de casi un millón de dólares en la campaña del Partido Nacionalista Peruano el año 2011. Esta declaración, de existir, tiene dos problemas que la convierten en peso procesal muerto. El primero de ellos, su difusión, que la vicia en extremo y que requiere, cuando menos, que Garreta venga al Perú a ratificarla y a contrastarla con la carga probatoria de la defensa técnica del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia.Lo segundo es que este mismo personaje aseguró hace poco al diario Folha de Sao Paulo lo siguiente: “Nunca recibí ni transporté dinero para la campaña de Humala” y agregó que los honorarios de sus servicios fueron declarados por el Partido Nacionalista Peruano de acuerdo a ley. Entonces estamos ante un supuesto aspirante a colaborador eficaz (no se sabe si en realidad lo es) que no tiene reparos en mentir.En pocas semanas, la Corte Suprema resolverá la casación interpuesta contra la prisión preventiva de Ollanta y de Nadine. Medida arbitraria que ha sufrido una crisis de legitimidad, mientras más amplios sectores del Derecho y de la sociedad civil piden que sea corregida. De ahí que la filtración de documentos es, en buena cuenta, el arma arrojadiza, la chaira usada para cubrir la ausencia de una denuncia seria y evitar que ambos recuperen su libertad.Es momento de terminar con esta situación. La Corte Suprema tiene la obligación de sentar jurisprudencia sobre la abusiva aplicación de la prisión preventiva y contrastarla con el derecho fundamental a la libertad.