La sorpresiva carta dirigida por el presidente del Consejo de Ministros al titular del Congreso, solicita aprobar una iniciativa legislativa que pretende derogar la ley que delimitó el ejercicio de la cuestión de confianza (Ley Nro. 31355). La pretensión del ejecutivo se resume en “obligar” al legislativo a derogar una norma que, oportunamente, fuera declarada constitucional por el máximo intérprete (Expediente Nro. 00032-2021-PI/TC). La razón que esgrime es resolver el desequilibrio político que existe entre ambos poderes, donde también adelanta la necesidad de plantear una cuestión de confianza al final de su exposición en el pleno.
El premier puede asistir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los parlamentarios (art. 129 CP); sin embargo, pedir asistir al hemiciclo para argumentar la necesidad de derogar una ley vigente, declarada constitucional por el Tribunal, nos parece improcedente. El éxito de las relaciones ejecutivo-legislativo se mide por el arte de moderar sus posiciones ideológicas para alcanzar acuerdos con las distintas bancadas, así como reconocer qué será capaz de realizar y qué no con su plan de gobierno, saber perder y recomenzar el diálogo con la oposición.
La coyuntura actual dista de un escenario como el descrito. El propósito real parece crear las condiciones para un golpe de Estado mediante un cierre inconstitucional del Congreso, por medio de la polémica interpretación de dos “denegatorias fácticas de la confianza” consecutivas. Recordemos que su antecedente se produjo el pasado 30 de septiembre de 2019, que fuera validado por la mayoría de cuatro votos del Tribunal Constitucional.
