El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) le ha dado un salvavidas al gobierno de Pedro Castillo esta semana, autorizando una misión especial para verificar la situación democrática en el país.
La pregunta que salta es por qué la OEA envía una misión especial a Perú y no hace lo mismo con Venezuela, que sufre una crisis humanitaria sin precedentes en la región, o Nicaragua, que tiene un régimen que encarcela a los opositores políticos. Sencillo, porque sus gobiernos no han pedido la ayuda de la OEA, mientras que el nuestro sí lo hizo.
La Carta Democrática surgió en 2001, es un instrumento que tiene la finalidad de evitar escenarios como los que vivió específicamente el Perú durante la década de 1990, cuando se tenía la impresión de un aparente buen funcionamiento de las instituciones democráticas, pero en realidad el gobierno en funciones se había extralimitado con ellas. No en vano el autor de dicho modelo fue Vladimiro Montesinos y fue capturado ni más ni menos que en Caracas, donde había sido invitado para replicar el modelo que había creado aquí y que ha sido mucho más efectivo allá. Pero el principal problema de la Carta Democrática es respecto a quien la convoca, en casi todos los países el responsable de las relaciones internacionales es el Ejecutivo, pero surge la pregunta: ¿la carta no trató de corregir lo que se había vivido durante el fujimorato? ¿El problema para la democracia no había sido la extralimitación del Ejecutivo? Y si generalmente el que se extralimita es el presidente, ¿va a estar interesado en invocarla? Así están las cosas, tendremos que esperar el informe que realice la comisión, el cual, de llegar a ser favorable a la tesis del gobierno, implicaría como máxima penalidad la suspensión del Perú en la OEA.
