El viernes pasado los peruanos hemos tenido que soportar nuevamente a Pedro Castillo, quien desde el penal Barbadillo asegura que al momento de ser arrestado tras la interrupción constitucional del 7 de diciembre último, fue “torturado” y víctima de “maltrato sicológico” al haber sido apuntado con ametralladoras por los agentes de la Policía Nacional que evitaron que escape a la Embajada de México y se burle de la justicia del país del que se quiso adueñar junto con su camarilla golpista.
Ni siquiera los muchas veces parcializados organismos de derechos humanos y ciertas ONG han salido a reclamar por “torturas” o “maltratos sicológicos” contra Castillo. Tampoco han expresado reparos por sus condiciones carcelarias que para los estándares de este país, son un lujo, pues está en un “penal presidencial” donde apenas hay tres reos y goza de muchas comodidades. Que no venga con engreimientos tampoco, luego de haber dado un golpe de Estado.
Castillo dice que fue apuntado con ametralladoras. Bueno, si el hombre se creía un “revolucionario” y desde sus tiempos de sindicalista radical e intransigente andaba rodeado de terroristas reciclados en el Movadef, entonces de qué se asusta. Sus amiguitos senderistas, y lo sabe muy bien, eran expertos en matar con explosivos y balazos, o incluso con machetes, así que debería estar más que familiarizado con situaciones de violencia extrema como la que dice que atravesó, aunque todos sabemos que eso es mentira.
A falta de argumentos para librarse de las dos prisiones preventivas que purga, una por el golpe de Estado y los otra por casos de corrupción que afronta, el profesor Castillo está tratando de victimizarse con puras mentiras, en alianza con los abogados que se ha conseguido. El mundo entero sabe que tanto su detención como los procesos que afrontan son absolutamente limpios y cumplen con todas las exigencias internacionales, salvo para los pocos escuderos que acá y afuera aún le quedan a este sujeto.
Lo que debe hacer ahora Castillo es aceptar sus culpas y ver si es posible que la pena que le impongan no sea tan dura como merece. De nada le vale victimizarse ni acusar al Ministerio Público o a la Procuraduría ser parte de una mafia. Acá el único responsable de la cruda situación jurídica que atraviesa es él mismo, por haber estado al frente de un gobierno totalmente podrido que terminó nade menos que con un golpe de Estado, con el que trato de librarse las investigaciones que tenía encima.
