El despido intempestivo del sexto ministro del interior de este gobierno a inicios de semana, luego de apenas quince días en el cargo, abrió las puertas a la especulación de que su separación fue por asegurar que iba a consolidar un grupo de tarea enfocado únicamente en capturar a los prófugos implicados en la presunta corrupción del presidente Pedro Castillo.
No se puede acusar, menos a un presidente, sin pruebas contundentes e irrefutables, que vayan más allá de toda duda razonable. No obstante, la actitud presidencial deja mucho que pensar a nivel de la sospecha. Pero como si esto fuera poco, la fiscalía de Perú ordenó abrir la cuarta investigación preliminar en su contra, por el presunto delito de tráfico de influencias, citándolo a declarar jueves 4 de agosto.
¿Se sentirá acorralado el presidente? Esto es particularmente peligroso ad portas de Fiestas Patrias. Porque Castillo deberá pronunciar ese día un discurso de orden y ahí podría anunciar medidas que distraigan la atención pública, actualmente enfocada en las sospechas de corrupción en su contra. Medidas como la convocatoria a una asamblea constituyente, o la nacionalización de proyectos y empresas en manos extranjeras, terminarían de sepultar la confianza del Perú en el mundo y nos retraería cincuenta años.
Por desgracia, a diferencia de Rambo, Castillo no es ducho en el manejo de los recursos para salir bien librado. Pero tiene poder y puede usarlo muy mal, si toma alguno de los caminos antes señalados. Y eso lo vuelve peligroso. Entre tanto, el Congreso está a punto de poner al frente de esa institución, a una señorita sin mayor experiencia ni trayectoria relevante para el cargo. Más aún, teniendo en consideración que si procede la vacancia presidencial en los próximos doce meses –un escenario muy probable– esa persona tendrá que asumir la Presidencia. ¿Es que no ven el peligro? En tiempos en que hasta a Gareca y a Oblitas se les ha despedido, pareciera que todos quieren jugar en contra del Perú.
