Mañana se cumple un año del fallido golpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo, a quien más allá de las críticas que recibió su sin duda inepta y corrupta gestión, se le respetó su legitimidad constitucional hasta el momento en que él mismo se disparó a los pies y dio un mensaje televisado en el que anunciaba medidas delictivas como el cierre del Congreso y la captura del sistema de justicia, lo que generó su destitución y su arresto.
Nadie puede decir que Castillo fue objeto de un “golpe de Estado”, sea del Congreso o de los “grupos de poder”, pues este sujeto estuvo en el cargo hasta que él mismo generó su salida. Que se le quiso vacar por incapacidad moral para desempeñarse como jefe de Estado, es verdad, pero esta figura está en la Constitución y se base en los votos en el Congreso. No hubo mayoría calificada, no hubo destitución. Así funciona la democracia.
Por eso, resulta indignante que un golpista como Castillo venga a hacerse la víctima y a decir que él fue objeto de un golpe de Estado, algo que repiten muchos de sus escuderos. Acá el único que ha dado una pateadura a la legalidad y a la institucionalidad ha sido el profesor chotano. Romper el equilibrio de poderes en el que se sustenta toda democracia es un delito grave por más que ahora haya abogados que traten de interpretar las leyes a su antojo.
Lo cierto es que con el golpe de Estado que dio, Castillo, por mano propio, se echó del poder y de paso salvó al Perú se seguir en manos de una gavilla de hampones que desde el primer día llegaron a levantarse todo lo que tenían por delante. Allí están los inamovibles ministros Juan Silva y Geiner Alvarado como máximos exponentes de la “honestidad” del régimen de quien decía que venía a luchar por los pobres.
El golpista Castillo debe seguir preso mientras dure la investigación que sin duda lo dejará tras las rejas por varios años, más allá de las otras pesquisas que tiene pendientes por corrupción. Ninguna democracia que se respete debe dejar libre a quien ha intentado asumir poderes dictatoriales y cargarse con un sistema de justicia que ya lo investigaba. Queda estar pendiente a lo que decida en los próximos días el Tribunal Constitucional.
