Cautelas temerarias

Una de las líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es promover entre sus asociados un comportamiento y una gestión ética en la actividad pesquera. Por ello, las empresas han suscrito un Código de Ética que regula su conducta y cuyo incumplimiento puede traer como consecuencia la separación definitiva del gremio.

Asimismo, uno de los principales objetivos de la SNP es combatir de manera frontal la pesca ilegal o “pesca negra”, por lo tanto, desde hace varios años, se acordó al interior del gremio pesquero que ninguno de sus asociados participe de manera directa ni indirecta en la gestión y/o trámite ante instancias judiciales, para la obtención de resoluciones que contravengan el ordenamiento pesquero vigente.

Y es que existen personas inescrupulosas que, a través de medidas cautelares fraudulentas, han obtenido autorizaciones indebidas para realizar la actividad pesquera.

Ante ello, la SNP no solo ha levantado su voz sino que, además, viene denunciando el otorgamiento de estos permisos de pesca irregulares y que presentan serios vicios de ilegalidad. Es más, se ha denunciado en varios casos a los magistrados que las han otorgado ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional podría poner fin a estas prácticas fraudulentas, si resolviese la demanda competencial que el Poder Ejecutivo interpuso hace más de tres años ante esta instancia, y que tiene por finalidad que se defina que el otorgamiento de los permisos de pesca es prerrogativa exclusiva del Ministerio de la Producción.

Lamentablemente, pese al tiempo transcurrido, esta demanda aún no ha sido resuelta. La hora de la decisión ha llegado.