El 6 de octubre quedará en la historia de Junín como un día de reinvindicación frente a las mafias que destruyeron esta región y que luego tomaron Palacio de Gobierno. La sentencia de 3 años y 6 meses de prisión para Vladimir Cerrón es un avance en la lucha contra la corrupción, que aún resulta insuficiente para cantar victoria. El país necesita resultados similares para los casos del Puente Comuneros, los hospitales y colegios sobrevaluados y abandonados, así como de los millones de soles en coimas que manejaron los Dinámicos del Centro, los Galácticos del Centro y la Gran Familia.
El caso del Aeródromo Wanka confirma que Cerrón no es un político sino un criminal que utiliza la política para beneficios personales. El objetivo de este proyecto aeroportuario era que los recursos del gobierno regional financien un aeródromo privado que pueda operar sin control del Estado tal como operan las pistas de aterrizaje privadas en el Chapare boliviano. Esto no solo beneficiaría a la mafia de Perú Libre sino también a las mafias del narcotráfico en el VRAEM. Cerrón y su mayoría en el Consejo Regional aprobaron un acuerdo para aprobar el proyecto pese a la negativa del MTC y el MEF. Además firmaron en tiempo record el contrato con una empresa que carecía de experiencia en proyectos aéreos. Esta empresa que también ha sido sancionada habría recibido 2.5 millones de soles del GORE cada año para la construcción de esta obra de asociación público privada.
La lucha del pueblo jaujino y la oposición de los comuneros de Orcotuna fue la verdadera razón de la paralización del proyecto que Cerrón quería construir a toda costa. El Poder Judicial tardó casi 10 años en darle justicia a Junín y a todos los que enfrentamos sin miedo a esta mafia. Pero no solo teníamos razón sobre la criminalidad de Perú Libre, sino que no hay que olvidar a todos los políticos y partidos que con un silencio cómplice permitieron que Cerrón llegue al poder. El tiempo pone a todos en su lugar: a los ciudadanos en libertad y a los criminales en la cárcel.
