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Finalizando el 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, removió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, golpeando duramente la investigación de la corrupción que habrían cometido líderes políticos fujimoristas y apristas, Sra. K y AG.
El fiscal Chávarry corta la investigación ilegalmente, violenta el principio del fiscal natural: quien conoce un proceso debería concluirlo. Las declaraciones a tomarse el 15 de enero en Brasil se reprogramarán. Lo avanzado sufre un traspié.
En democracia se respeta el equilibrio de poderes y mutuo control, ganando legitimidad ante la población. Con su decisión, Chávarry ignora totalmente la voluntad popular, que exige conocer la verdad y sancionar a los corruptos.
Dos instancias podrían corregir este absurdo:
La Junta de Fiscales Supremos, donde Chávarry cuenta con 3 votos de 5 (vinculados al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”).
El Congreso de la República, si aprueba las acusaciones constitucionales en su contra. Como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Fuerza Popular lo blinda, solo queda que el pleno del Congreso lo acuse. Su presidente, Daniel Salaverry, debería convocarlo; caso contrario, deberá autoconvocarse con la firma de 66 parlamentarios.
Esta salida necesita a la ciudadanía movilizada. Es indispensable que la protesta sea en todo el país. Es un derecho combatir la corrupción, como es obligación de las autoridades escuchar nuestra voz y protesta, que exige sanción a los corruptos.
