Colombia acaba de anunciar que no será parte del juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en las dos últimas demandas -2012 y 2013- que le ha planteado Nicaragua ante el máximo órgano judicial de la ONU y que son asuntos de delimitación marítima. Precisemos. No es verdad que Colombia haya decidido patear el tablero del derecho internacional ni que esté incumpliendo el mandato de la Corte. Primero, porque sobre las dos referidas demandas no ha habido ningún fallo de la CIJ y porque, además, los juicios no han comenzado propiamente dicho. Las razones de Colombia no constituyen actos de rebeldía porque el país cafetero acaba de anunciar que considera viable para ventilar la controversia con Nicaragua los mecanismos de solución pacífica de controversias voluntarios, como es el caso de la negociación entre las partes. O sea, Colombia no ha negado que quiera arreglar el problema con Nicaragua. Lo que sí resulta políticamente inadecuado es que Bogotá haya esperado que la Corte se declare competente para abordar las dos demandas nicaragüenses y decida enseguida no comparecer ante ella. No debemos confundir las nuevas pretensiones nicaragüenses con el fallo emitido por el tribunal en 2012 que aún no se ha consumado y eso sí es verdad, pero también que Colombia no ha hecho expresa mención de su rebeldía. No podría hacerlo porque ello significaría impactar contra la Carta de San Francisco -de la que es parte-, que prescribe que todos los países miembros de la ONU deben cumplir los fallos de la CIJ. La resistencia colombiana se volverá rebeldía si acaso no accede a ningún medio de arreglo pacífico, en cuyo caso la situación sería diferente.
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