La reciente cancelación de las autoridades colombianas de aplicar la eutanasia de Martha Sepúlveda (51 años), reaviva el debate acerca de su permisión o prohibición. Creo que el debate continuará pues se trata de tomar decisiones acerca de la vida que es el fin ontológico de la existencia. La primera reflexión filosófica y orgánica sobre la eutanasia la dio Francis Bacón, en 1623, que retomó el antiguo nombre de eutanasia de los griegos, ubicándolo como la preparación espiritual para la muerte y hasta de considerarla como parte de una tradición del arte de saber morir como parte del arte de saber vivir.

Para Bacon, el deseo del enfermo es un requisito fundamental de la eutanasia la que no puede tener lugar contra su voluntad. Su compatriota, el médico Tomás Moro, en la Utopía, llegó a presentar una sociedad en la que los habitantes justificaban el suicidio y también la eutanasia -los colombianos han rechazado la decisión-, aunque sin llegar a usar este nombre.

La Organización Mundial de la Salud la ha definido como aquella “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”, resaltando la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro, en la idea que se cumpla su objeto central que es acabar con una vida enferma. Desde el puro derecho la acción sobre el enfermo, con intención de quitarle la vida es técnicamente un homicidio. En Europa sólo Holanda –el primero en el mundo- y Bélgica la han legalizado (2002).

La prohíben, Italia, aun cuando la Constitución reconoce el derecho de rechazar cuidados médicos; en Francia, la Lye Leonetti de 2005 ha sido permisiva en el derecho a “dejar morir”, pero sin permitir a los médicos que practiquen la eutanasia. En Alemania y Austria, el hecho de desconectar una máquina, no es ilegal si el paciente da su consentimiento y en España la eutanasia no está autorizada, aun cuando la ley reconoce el derecho de los enfermos a rechazar cuidados médicos.

En Dinamarca, los pacientes pueden dejar por escrito una suerte de testamento que los médicos deben respetar. Países que son implacables con el castigo por esta práctica son Grecia y Rumanía, donde la pena llega hasta siete años de prisión. En América Latina está mayoritariamente penalizado, incluido el Perú.