Es una obviedad decir que la situación del país es muy crítica y que se avizora un futuro lleno de riesgos y urgencias. El problema es que nadie está dispuesto a promover un diálogo para un gran entendimiento político. La presidente Dina Boluarte lo pide, pero nadie le hace caso. Está sola en ese intento. Es evidente que sus buenas intenciones no pueden ocultar las duras realidades, pero sería bueno que el resto asuma gestos razonables para solucionar esta grave coyuntura política y social. De lo contrario, cualquier manifestación que intente aprovechar la fragmentación de los peruanos encontrará un terreno más que fértil para destruir no solo la democracia sino también el Estado.

Hace poco se publicó el Reporte de Riesgo Global 2023, elaborado por el Foro Económico Mundial, y se dio cuenta que el principal riesgo del Perú es el colapso del Estado. La inestabilidad, la violencia y el caos por las protestas en buena parte del país son las causas de este problema. Por supuesto, ya se ven las primeras señales de la erosión de la economía con las pérdidas en las pequeñas empresas, el turismo, la agroindustria, la minería y el transporte, entre otros. Además, es evidente el impacto en los bolsillos de muchos peruanos por el aumento de precios por la escasez de alimentos y combustibles, producto de los bloqueos de carreteras.

Es cierto que muchos no asumen el peligro que se avecina si continúan la tensión agitadora, las consignas extremistas y el desprecio por la lógica. Solo le queda al Gobierno mantenerse firme y combatir todo intento de violencia y totalitarismo con la fuerza de la ley.

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