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Al Frente Amplio, la careta de democráticos se les cayó hace rato. Ya desde antes del cisma que dio lugar a Nuevo Perú, miembros del bloque nos hacían dudar de su vocación de ser una izquierda moderna, renovada, coherente: la dificultad para reconocer al sanguinario régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, a pesar del hambre y el aniquilamiento de cualquier atisbo democrático. O las vanaglorias de los congresistas a Fidel Castro luego de su muerte, como si 49 años de aferrarse al poder sin elecciones de por medio, 78 mil personas que murieron tratando de huir de la isla y 1200 asesinatos extrajudiciales no importaran.

Lo realmente grave, sin embargo, vino luego, cuando, más allá de la incapacidad de llamar dictadura a la dictadura, el legislador Justiniano Apaza llamó presos políticos a ciertos emerretistas. O cuando varios frenteamplistas se opusieron a la demolición del mausoleo senderista. O cuando Rogelio Tucto consideró que correspondía indultar a nada menos que Abimael Guzmán.

Pero por más vergonzosas que resultaron todas aquellas declaraciones, estas se mantuvieron dentro del ámbito de la opinión. Vergonzosa opinión, sí, pero opinión al fin y al cabo. Distinto, sin embargo, es lo que se reveló el último domingo sobre María Elena Foronda y su asesora Nancy Madrid, emerretista y condenada a 18 años de cárcel por terrorismo.

Y es que ya no se trata de opiniones tolerantes con la violencia, arcaicas y reprochables. Se trata de que los peruanos financiemos sin saberlo a una terrorista. Y eso, congresista Foronda, es una tremenda falta de respeto. Relativice la violencia, tenga doble, triple, cuádruple estándar. Pero no con nuestra plata, que ahí sí se pasó de la raya.