Lo que podía mover el statu quo que hemos tenido por 15 meses acabó de ocurrir. El Ministerio Público formuló la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y su entorno de confianza por los escándalos de corrupción en los ascensos militares, la colusión en la contratación pública en el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), Petroperú y demás, así como la obstrucción a la justicia en las pesquisas. Este documento ya está en la mesa de partes del Congreso y se cierne como una espada frente a la continuidad del presidente en el ejercicio de sus funciones, abriéndose la posibilidad de una suspensión o vacancia.
Llegar a este punto no fue fácil, primero porque el Gobierno por obvias razones había estado evitando este escenario y porque las mayorías del Congreso han comunicado por todos los medios que no quieren irse y están dispuestas a casi todo por permanecer hasta el final de su periodo, incluso perdonar la corrupción. La misma investigación de la Fiscalía toca a algunos de dicha mayoría como los denominados 6 “niños” de Acción Popular, quienes son investigados por tráfico de influencias en contratación pública. Eso nos lleva a la gran pregunta de si solo se trata de estos seis.
En la primera legislatura del nuevo Congreso hubo una mayoría coyuntural que ayudó a hacer las reformas que ponían trabas a las propuestas más extremistas de la campaña presidencial de Castillo como forzar el cambio constitucional por medio del uso de la confianza o acompañar decisiones claves como elegir un directorio profesional y responsable en el BCRP y un nuevo TC.
Al ya no correr dichos riesgos, las mayorías congresales sienten que pueden estar tranquilos, convivir con el Gobierno y mirar solo sus intereses particulares, pero en más de una ocasión la historia nos muestra que es un error de cálculo ya que, al no cumplir sus funciones por el bien común, pueden ser reemplazados como en 1948, 1968 y 2019.
