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Antes de concluir el año siempre se discute el presupuesto que el Estado destinará a los diferentes sectores públicos. La mayoría -como siempre- demanda incremento de recursos en relación al periodo anterior. En algunos casos es justo y responsable mejorar las partidas, como también es necesario que de dichos fondos se rindan cuentas para explicar ante las oficinas de control el adecuado uso de estos.

Por años, ingentes sumas de dinero se destinaron a instituciones, ministerios, regiones, municipios programas sociales y otros, pero la presentación de los gastos no fue transparente y en los tiempos establecidos.

El desorden pasa en diferentes niveles y son pocos los que acatan los cronogramas de rendición de cuentas, en especial autoridades elegidas para desempeñar cargos públicos.

Debido a la serie de actos de corrupción que sacuden al país, es imperioso tener estos filtros de control de recursos públicos y que sean más exigentes para detectar de manera oportuna a malos funcionarios o autoridades.

Por eso es importante fortalecer el trabajo de Contraloría General de la República, para fiscalizar el manejo público y se sancione a quienes incumplen con presentar sus informes de rendición de cuentas, como también a aquellas autoridades que adjunten información falsa.

Durante buen tiempo hemos vivido con la impunidad, donde los delincuentes de cuello y corbata robaron sin recibir castigo alguno. El país requiere recuperar la confianza en sus autoridades y mejor si es controlando y sancionando a quienes incumplen sus obligaciones.

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