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No tengo memoria de un censo con secuelas tan negativas para el país. Con empadronadores maltratados, una violada y miles reclamando el pago ofrecido; con un funcionario como Aníbal Sánchez tan incapaz de contar cuántos somos y con un Gobierno que reaccionó tarde ante el descalabro. Aunque otro asunto no menos preocupante saltó y es motivo de alta sospecha y entendible reclamo: el convenio de la Universidad César Vallejo con el INEI. A su dueño, el político César Acuña, ya se le conocen las mañas para manejar bases de datos con potenciales electores. “¡Plata como cancha!” es la frase que lo encumbró como una autoridad sin escrúpulos cuando de conseguir votos se trata. Varios de los congresistas de Acuña han propuesto que el convenio se disuelva, pero el reclamo no ha movido un pelo de su líder. Sin embargo, lo que esta semana hemos revelado, en una investigación trabajada con Cecilia Valenzuela, es que la UCV mantiene otros convenios que son tan o más provechosos que el del INEI: con la Corte de La Libertad y con el Ministerio Público. Es decir, los jueces que han archivado los procesos de Acuña en esa región están favorecidos con cursos y hasta con programas de TV en el canal de la Vallejo. Pero no fueron los únicos. Los fiscales de Lima firmaron el mismo convenio con las mismas prebendas. Lo más grave es que el comportamiento de los jueces trujillanos y de los fiscales, frente a los casos que comprometen a Acuña, es, digamos, afectuoso. El Poder Judicial y el Ministerio Público están a tiempo de deshacer estos convenios y así dejar de parecer cómplices de un político tan ladino como Acuña.