La ola creciente de criminalidad e inseguridad ciudadana está golpeando fuerte a los peruanos en los últimos tiempos. Día tras día nos enteramos por los medios de asesinatos, robos, extorsiones, feminicidios y actos de violencia en general, en todo el país. La sensación de vulnerabilidad e indefensión de la gente es alarmante. Parece imposible  volver a los niveles de tranquilidad de hace algunos años. No en vano, la corrupción y la delincuencia son los principales problemas que afectan a los ciudadanos en el periodo comprendido entre octubre del 2022 y marzo del 2023, según estudio del INEI.

El desafío del Gobierno debe ser planear estrategias y ejecutar medidas adecuadas para salir del estado de inseguridad generalizada. De acuerdo al clamor de los peruanos, lo primero que se debe hacer es implementar políticas para aumentar la presencia de la policía en las calles, así como mejorar el equipamiento de las fuerzas del orden.

Sin embargo, esto debe ir acompañado por una decisión firme del sistema de justicia para que los delincuentes y criminales sean sentenciados ejemplarmente y no los veamos de nuevo en las calles haciendo sus fechorías. Por supuesto, se necesita eficacia y transparencia de todo el brazo legal del Estado, empezando por los fiscales.

Una de las tareas urgentes del Gobierno es asesurarle tranquilidad y justicia a los ciudadanos. Basta de promesas, es hora de actuar.





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