Julio Vargas C.
Si la educación no mejora de manera sustancial, con un crecimiento por lo menos de un 6% en los próximos 10 años, el Perú no pasará de ser un país mediocre; entonces, el rescatarla de su postración es un desafío histórico si aspiramos alcanzar un desarrollo económico sostenido, pues el país requiere de mejores profesionales y técnicos para insertarse en el engranaje de la competitividad y productividad.
Hoy el servicio educativo es extremadamente precario y deficiente, en cuanto a calidad, cobertura y resultados, por la irresponsabilidad de todos los gobiernos de turno que no le asignaron el nivel y prioridad que verdaderamente le corresponde; incluso últimamente el Ministerio de Educación le causó un tremendo daño a la carrera magisterial al haber manejado pésimamente los resultados de la evaluación, quitándole credibilidad y confianza al proceso.
La realidad de la educación en nuestras regiones, sobre todo, en las áreas rurales, es muy crítica y deficiente por un conjunto de orden sistemático y estructural que generan oleadas gigantescas de niños y jóvenes que no alcanzan a lograr capacidades y fortalezas para desenvolverse con éxito en una sociedad que cada vez es más exigente.
Una educación de calidad permite mejorar cualitativamente la formación de los estudiantes, no sólo en los contenidos cognoscitivos, sino fundamentalmente en los niveles de la comprensión lectora, de análisis lógico y de formación de habilidades, los mismos que permitan tener una visión integral para asumir roles en un mundo más competitivo.
Hoy más que nunca se requiere establecer sistemas de desarrollo tecnológico, aplicado al sistema educativo en todos sus niveles, porque las actividades del mundo moderno se sustentan en la calidad, en la tecnología, en la competitividad, como condición para expandirse y tener éxito.
Sin embargo, no cometamos el grave error de creer que sólo debe mejorarse la educación pública; igualmente el cambio tiene que llegar a la privada, en especial a las universidades, pues de las 70 que figuran bajo la jurisdicción de la Asamblea Nacional de Rectores, 42 son de régimen privado y la mayoría no cumplen con los estándares mínimos de calidad, los ejemplos saltan fácil a la vista.
Por ello, las universidades e institutos superiores tienen que cumplir un rol importante para el mejoramiento integral del sistema educativo, adecuando sus ofertas profesionales a las nuevas demandas de la sociedad, sobre todo forjando jóvenes con visión emprendedora, talento y determinación para asumir los nuevos retos del mercado y de la sociedad.
La formación universitaria también tiene que tener un claro concepto del desarrollo humano; asimismo debe cumplir con las acreditaciones reales de sus programas y facultades, sobre todo, tiene que evitar el tráfico mercantilista de la educación superior que genera un horizonte frustrante.
Le corresponde al Gobierno dar debida prioridad a la educación, asignando un presupuesto razonable, no menos del 6% del PGR e impartir políticas precisas que permitan mejorar las condiciones académicas y económicas de los profesores, fortalecer la infraestructura básica, puntualmente poner en marcha un proyecto educativo integral, competitivo, humanista y de largo aliento, las circunstancias de hoy así lo demandan.
