El Poder Ejecutivo está en la obligación de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de dejar sin efecto el crimen contra la educación pública que acaba de cometer el Congreso al dar luz verde al nombramiento de 14 mil docentes desaprobados o que no se presentaron a las evaluaciones de desempeño que permitirían medir sus capacidades profesionales.
Si este mismo Poder Ejecutivo ya observó este mamarracho cuando fue aprobado en primer término a fines del año pasado, tendría que ser coherente y agotar todos los recursos para impedir que los niños y jóvenes del Perú de colegios públicos sean formados por incapaces o “rebeldes” que se negaron a acudir a los exámenes dispuestos por el Estado para medir su nivel profesional.
No se puede priorizar “el derecho al trabajo” de profesores de bajo nivel que ni se han preocupado por dar un buen servicio al país, al derecho que tienen los niños y jóvenes peruanos a recibir una formación de calidad que les permita estar en condiciones de ser competitivos al momento de aspirar a seguir estudios superiores, donde se las verán con aquellos que vienen de planteles particulares.
La educación es un derecho consagrado en la Constitución, pero una educación de calidad, algo que no pueden brindar profesores como los beneficiados por este Congreso plagado de pillos y sinvergüenzas.
