La decisión del juez Raúl Jesús Vega de condenar al periodista Christopher Acosta a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 400 mil soles debería significar -más allá de la injusticia y las limitaciones evidentes al ejercicio de la investigación periodística o los límites a la libertad de expresión-, la muerte política de César Acuña.

El exalcalde de Trujillo se ha erigido tras este fallo en uno de los personajes más odiados de nuestro pobre establishment político y el fracaso de su candidatura, otra vez a la gobernación regional de La Libertad, a la que calificó de “papayita”, tendría que ser el pago mínimo por su deplorable ofensiva contra la prensa independiente. Más allá de la sentencia -cuestionable en todas sus aristas- indigna además que el beneficiado sea César Acuña, un plagiario consuetudinario, un personaje de moral devaluada, un ilustre acomodaticio del poder político y que tiene incrustado en Palacio de Gobierno a uno de sus militantes, Carlos Jaico, nada menos que como secretario general.

Por eso es también una vergüenza el comunicado de la bancada de APP cerrando filas con lo indefendible y esgrimiendo el inválido concepto del “derecho al honor” que en el libro Plata como Cancha no se ha transgredido. ¿Alguien puede poner las manos al fuego por el “honor” de César Acuña? ¿Por este empresario que ha tenido como única “virtud” hacer de la educación un negocio familiar a costa de un Estado que no le cobra impuestos y de la mafia de lo que fue la ANR? Acuña -igual que Pedro Castillo- son el lastre de una clase política que da, hace rato, señales alarmantes de decadencia y pauperización, que asquea en todos sus rincones ideológicos (como el de los socios del gobierno Verónika Mendoza y Marco Arana) y que deja ver un horizonte sombrío. La ola de miseria que dejó la corrupción de Odebrecht parece no haber sido suficiente. Hay, todos los días, un saqueo masivo, una apropiación ilícita y un modus operandi continuo tratando de levantarse el país desde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales, provinciales y distritales. No hay una clase política, hay organizaciones criminales operando a nombre de esta.