Estamos en año electoral y faltan 96 días para que 23 millones 374 mil 975 peruanos acudan a las urnas. Se han presentado 113,469 candidatos en 14,532 listas para ser escogidos como regidores, consejeros, alcaldes y gobernadores regionales.
Se nota que algunos candidatos que participan en esta contienda invierten fuertes recursos en sus campañas, recurriendo a diferentes estrategias para alcanzar el poder.
Como parte de esta campaña, contratan a encuestadoras que están acreditadas ante el Jurado Nacional de Elecciones.
En los últimos días, por ejemplo, se ha notado que algunos “sondeos” de preferencias electorales manejan cifras poco creíbles, dando como favoritos a ciudadanos desconocidos por la mayoría.
Sin duda, estos números distorsionan la realidad e influyen en aquellas personas que tienen dudas en sus preferencias. Es decir, son herramientas utilizadas para manipular a la opinión pública.
Aquí no solo interesa la autorización que otorga el JNE, pues es indispensable la fiscalización constante y precisa que debe hacerse, en especial para conocer la metodología que aplican dichas empresas en la realización de estudios sobre preferencias.
Es importante que el JNE asuma con mayor preocupación el control sobre estas encuestadoras, que en algunos casos solo responden a intereses de candidatos con poder económico que financian estos sondeos con el fin de ser favorecidos.
Esto se nota en los últimos días en Arequipa con una veintena de encuestadoras que divulgan datos ajenos y alejados de la realidad.
Se espera que el JNE actúe y sancione a las falsas encuestadoras que lucran con este tipo de manipulación.
