El gobierno de turno ante problemas sociales que surgen en diferentes zonas del territorio nacional siempre firma acuerdos o actas que al final de cuentas caen en saco roto, lo cual provoca un descontento en la población.

Y eso es lo que viene pasando -por ejemplo- en Cusco, en donde Espinar se encuentra mortificada y enojada por ofrecimientos gubernamentales que no se concretan para zanjar el problema de las aguas que servirán para hacer realidad el proyecto de Majes Siguas II en Arequipa y que demandará una inversión superior a los 580 millones de dólares y que hace 15 días se inició con los primeros trabajos de campo.

El Gobierno prometió financiar proyectos de inversión por más de 350 millones de soles para el afianzamiento del recurso hídrico en esta provincia cusqueña; sin embargo, la lentitud con que se avanzan los estudios y perfiles hacen sentir a los lugareños que fueron engañados una vez más.

Este problema tampoco es ajeno en Tacna, donde el Consejo de Ministros en febrero del 2014 suscribió el Acta de Locumba como un compromiso con dicha región al verse afectada por el fallo de la Corte de la Haya, que puso fin al asunto de la delimitación marítima entre Perú y Chile.

El Estado prometió inversiones por S/.2045 millones para Tacna; sin embargo, poco se hizo realidad y hoy las autoridades comienzan a reclamar.

El Ejecutivo debe atender estas demandas de las regiones que recibieron compromisos en su momento y así evitar que se conviertan en serias protestas populares en un corto plazo.

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