Cerca de acabar el primer año de gestión, el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, tendrá que dejar el cargo por habérsele ratificado una condena por negociación incompatible. Sería una raya más al tigre a nuestra clase política. Pero esto pudo evitarse si quienes lo propusieron y los electores hubieran tenido dos dedos de frente. ¿Queremos que pase lo mismo en el Congreso?
Resulta que Alianza Para el Progreso (APP), para ser más preciso, César Acuña Peralta, fue quien propuso a dicho miembro de su partido para ocupar el más alto cargo de la capital de la región La Libertad. Lo hizo sabiendo que el Ministerio Público le había abierto un proceso por la adquisición de accesorios que hagan funcionar los bloqueadores para el penal El Milagro.
La mayoría de los ciudadanos, quienes fueron informados sobre el anticucho que sazonaba a Marcelo, miraron al techo y lo eligieron como alcalde. Todos saltaban en un pie y los abrazos golpeaban los lomos fieros de campaña. La felicidad duró poco. En menos de un año de llevar las riendas de la municipalidad, la justicia se encargó de bajarlo del carro.
Recibió una primera condena que lo dejó al borde del nocaut. Tras la apelación, una sala superior ratificó la pena contra el alcalde a 4 años suspendida. Colorín colorado, el pleno del concejo deberá debatir la suspensión de Marcelo, para luego ser el primer regidor quien asuma sus funciones. ¿Se pudo evitar este descabezamiento? Por supuesto.
Hoy vemos que los aspirantes al Legislativo llegan arrastrando cadenas de procesos judiciales, algunos abiertos. Si por algún designio del destino llegaran a ganar una curul, la inmunidad parlamentaria que propone eliminar la mayoría de postulantes no pod rá salvarles. Habremos vuelto a elegir a Donayres con otro uniforme.
No digo que todo candidato con proceso es culpable. No. Hay un principio de inocencia. Sin embargo, la elección de un postulante con juicio abierto o en suspenso abre el camino a un futuro poco alentador.
