Son 19 días de protestas en la provincia de Islay (Arequipa), donde un grupo de pobladores (no es la mayoría) se opone al proyecto minero de Tía María. Las pérdidas por esta medida extrema bordean los 10 millones de dólares. Solo el sector lechero ya perdió 2.2 millones y el turismo aproximadamente 1.5 millones.
El Gobierno, desde ayer, inició un diálogo cuando el problema estaba a punto de desbordarse, en especial por la desidia existente entre los funcionarios encargados de la prevención de conflictos sociales. Sumado a ello está el descuido de los ministerios implicados en el asunto como Minería, Ambiente, Agricultura y de la misma Presidencia del Consejo de Ministros.
Lamentablemente, el asunto se convirtió en complejo, al extremo de comprobar la existencia de infiltrados en las protestas, con claros intereses políticos y un objetivo irracional de bloquear inversiones que en estos momentos requiere el país para revertir el déficit comercial existente.
Clara es la presencia de organizaciones antimineras que financian las manifestaciones y desarrollan un aparato de difusión al controlar varias emisoras en la zona y aprovechan este canal propagandístico para sus fines, madrugando así al Gobierno que se quedó con los brazos cruzados en los últimos meses.
Por ello, el Ejecutivo -como lo ha dicho el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites- tiene que demostrar firmeza y no dar muestra de debilidad en el caso, pues no solo está en juego el proyecto, aquí está en juego la reputación del país en donde se haga inversión sostenible.
