De “chuponeos” y seguimientos

La denuncia de espionaje telefónico contra Alan García es un tema que debe investigarse para llegar hasta las últimas consecuencias. Es urgente para el país que los peritajes respectivos establezcan si el aprista dice la verdad o no. Es un tema por aclararse, pero lo que sí es muy cierto es que los menos autorizados moralmente para criticar el mal uso de los aparatos de inteligencia son el expresidente Ollanta Humala y algunos de sus exministros.

Parece que los humalistas ya han olvidado que en el 2015 la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, fue censurada por su responsabilidad política en el armado de expedientes de políticos, empresarios y periodistas, semanas después de que este diario pusiera al descubierto cómo operaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que estaba encabezada, hasta que estalló el escándalo, por miembros de la promoción del Ejército del exgobernante.

Si hasta se espió a la entonces vicepresidenta Marisol Espinoza y al hijo de la entonces legisladora nacionalista Natalie Condori mientras iba al nido. ¿Ya no se acuerdan? ¿No recuerdan que las claves que otorgó la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) eran usadas por agentes de la DINI, todos ellos debidamente identificados por Correo, para rastrear las propiedades de quienes podrían resultar incómodos al régimen?

El “chuponeo” o, en general, el mal uso de los aparatos de inteligencia, es un delito y una falta ética muy grave, así que los responsables políticos de esos actos, sean del gobierno que sean, no pueden venir a rasgarse las vestiduras. Y menos los miembros de un gobierno al que le bajaron a una premier por los actos de la DINI, que apenas se conoció la denuncia de este diario fue declarada “en reorganización”, sin que luego se hayan conocido los resultados. ¿Fue para borrar las evidencias?

Desde los tiempos de Edwin “Cucharita” Díaz, pasando por Vladimiro Montesinos y la DINI humalista, la interceptación y los “seguimientos” no deberían quedar impunes. Si este gobierno ha incurrido en esos actos, también se le debe aplicar la ley. La Fiscalía debería hacer un eficiente trabajo en esta oportunidad, y no como sucedió en el régimen anterior, en que todo se archivó, de manera inexplicable, pese a las contundentes evidencias conocidas por todo el país.