La anunciada llegada de la “misión internacional de la OEA” al Perú este 20 de noviembre, realizada por Landa y festejada por Forsyth ha permitido entibiar el ambiente después de la grave denuncia de la fiscal de la nación. En esta, advierte de la existencia de una presunta red criminal de corrupción encabezada por el propio presidente Castillo en la que están involucrados sus parientes y colaboradores más cercanos.

Ante esta delicada situación, el aparato caviar que sostiene a este gobierno, ha recurrido a la OEA para solicitar la activación de la Carta Democrática, con claras intenciones de distraer a la clase política, evitando la aglutinación de la oposición en favor de una vacancia. De esta manera, el Gobierno ha logrado ganar el tiempo suficiente prolongando la crisis política hasta finales de año.

Por otro lado, el Gobierno pretende desacreditar la idoneidad de la fiscal mediante estrategias mediáticas con el objetivo de invalidar la denuncia que esta presentó. La fiscal ha trazado un camino sin retorno, llevando la denuncia al presidente a la esfera penal. Sin embargo, aunque el problema requiere pasar por una decisión política, el desenlace final se llevará a cabo en sede judicial.

Considerando este escenario, ¿qué tan útil resulta el trabajo de la delegación de alto nivel de la OEA si ninguno de sus integrantes conoce a profundidad sobre derecho penal? Todos los miembros de la comisión son diplomáticos de carrera en sus respectivos países. Siendo esto así, ¿qué garantías puede ofrecer esta comisión sobre su imparcialidad y objetividad? En mi opinión, ¡ninguna!

La voz del pueblo “¡fuera, corrupto!” se hace cada vez más fuerte. El repudio hacia Castillo crece día a día. Pensábamos que el Perú estaba gobernado por la extrema Izquierda, pero resulta que no, pues está gobernado por la extrema corrupción.

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