El Ministerio de Educación (Minedu) no decide si las clases escolares del próximo año serán presenciales, virtuales o combinadas, originándole un perjuicio no solo a los alumnos sino, por defecto, a los padres de familia, quienes deben ajustar sus presupuestos y no saben cómo. Lo peor de todo es que en el sector Educación no escuchan a los padres, solo a los profesores, cuyo gremio sindical piensa más en su propio bolsillo que en el bienestar de sus pupilos. Estos docentes fueron vacunados de manera exclusiva, pero ahora no quieren clases presenciales.
El tema de los maestros que no desean clases presenciales, y que han logrado condicionar al ministerio, es que varios de estos están asignados en algunos pueblos alejados, donde deben pagar cuarto, comida y pasaje. Por lo tanto, prefieren estar en sus casas sentados frente al monitor. Para que no haya excusas, el Minedu debería acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19 de los menores en edad escolar, comprometiendo al sector Salud para que sea una prioridad inocular a los niños y adolescentes hasta el inicio del próximo año.
Solo de esta manera no habrá excusas para que los maestros vuelvan a clases, con los protocolos de infraestructura de los centros educativos y la vacunación ordenada de los pequeños. Así como el personal de salud estuvo al frente en los tiempos más difíciles, ahora le toca al magisterio. Algunos padres y madres no tienen planes de enviar a sus niños hasta que todos estén vacunados, desde el docente hasta el personal administrativo. Y para quienes se oponen, no se trata de ideologías o creencias religiosas, sino de la vida de las personas y el futuro del país.
