De vuelta a la prisión

El día en que se cumplieron 50 años del golpe de Estado del general Juan Velasco, el Poder Judicial ha dispuesto la anulación del indulto a otro personaje famoso en la historia del Perú por haber roto el orden constitucional. Me refiero a Alberto Fujimori, quien desde ayer está con orden de detención, tras unos meses en libertad gracias al acuerdo bajo la mesa entre Pedro Pablo Kuczynski y Kenji Fujimori, quien salvó al exmandatario de la vacancia a cambio de la libertad de su padre.

Este hecho ocurrió también el día en que el autor del cuestionado indulto, el expresidente Kuczynski, cumplió 80 años de edad en su casa de San Isidro y alejado del poder, al cual tuvo que renunciar en medio de un escándalo de presunta corrupción dentro del caso “Lava Jato”, pues quedó en evidencia que hizo negocios con el Estado mientras se desempeñaba como ministro del prófugo Alejandro Toledo, algo que lo puso contra las cuerdas y a merced de la vacancia.

La anulación del indulto es y será un asunto debatible a nivel jurídico y humanitario, así como político. Tengamos en cuenta que este hecho se da durante un momento en que el fujimorismo y su mayoría en el Congreso sufren -a juzgar por las encuestas- de un rechazo masivo que difícilmente le dará un margen para luchar por la vigencia de la excarcelación que ayer ha llegado a su fin con la repentina resolución del juez supremo Hugo Núñez Julca.

Acá el problema que ha motivado la anulación del indulto y el retorno de Fujimori a la cárcel radica en la forma en que se dio esa gracia presidencial en diciembre pasado, pues fue producto de la premura de PPK por cumplir lo pactado con Kenji cuando lo salvó la vacancia dos días antes, tal como señala la propia resolución del juez Núñez Julca, que cuestiona los procedimientos médicos aplicados para justificar la condición de “humanitaria” de la liberación.

Desde el punto de vista humanitario, no estoy de acuerdo con el encarcelamiento de un anciano que ya cumplió 12 años de arresto; pero lamentablemente esto es producto de la mala forma en que se lo liberó. PPK y su entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, tienen mucho que explicar al respecto, mientras que la clase política debería ver de cerca este caso y darse cuenta de que lo que mal empieza, mal acaba.