Flaco favor se hace el presidente Martín Vizcarra al victimizarse y denunciar supuestos complots contra él y su gobierno, luego que se han hecho públicas las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que lo sindican, en un caso con evidencias de por medio, de haber recibido dinero ilícito mientras era gobernador de Moquegua entre los años 2011 y 2014, algo que podría ponerlo en serios problemas al día siguiente de dejar el poder el 28 de julio próximo.

En los últimos días el mandatario ha acusado a todos de buscar desestabilizarlo y echarlo del cargo. Ha señalado a empresarios supuestamente afectados por leyes dadas en los últimos meses y también al Congreso, a pesar de que hace pocas semanas lo salvó de ser vacado por el caso protagonizado por Richard Cisneros y en las últimas horas ha decidido no poner en marcha un segundo proceso para mandarlo a su casa, que fue presentado por UPP.

Ha dicho también que lo acusan y manchan su honra sin pruebas, cuando lo cierto es que los indicios, muy serios ellos, están en manos del Ministerio Público que lo tiene en la mira por casos como el del Hospital Regional de Moquegua y el de la represa de Chirimayuni, aparte del de la Club de la Construcción. A todo esto se suma la investigación por la escandalosa contratación de su amigo Cisneros en el Ministerio de Cultura.

El presidente Vizcarra debería recordar que mientras el Ministerio Público investigaba a expresidentes y a políticos de otras tiendas, los fiscales contaban con todo su total respaldo. Sin embargo, ahora acusa a su admirada Fiscalía de dejarse infiltrar y manipular, supuestamente, por empresarios y políticos interesados en tumbarse a un presidente que ya está de salida y que se acaba de salvar de dos intentos de vacancia. Como que algo no encaja, ¿no?

Antes de defenderse con argumentos flojos y poco creíbles para las tribunas, el jefe de Estado debería preocuparse por lo que se le puede venir, en materia legal, a partir del 29 de julio del 2021. Ojo que los casos que tienen que ver con su gestión como gobernador de Moquegua no requieren de un antejuicio en el Congreso, por lo que su situación podría verse complicada casi de inmediato. Sin duda el futuro del actual mandatario se presenta bastante sombrío.