Delincuencia común y crimen organizado en agenda

El primer reclamo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que está a boca de jarro en la expectativa de la mayoría de los peruanos, es la parsimonia mostrada en estos cien días frente a la inseguridad ciudadana que impera a lo largo y ancho del país.

La respuesta inicial, como caballito de batalla, era que el programa de recompensas -por información sobre el paradero de los delincuentes más peligrosos- está funcionando (y tiene asidero), pero la población demanda otras acciones que denoten que se gesta una política de Estado para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Esto parece haberlo entendido finalmente la gestión Kuczynski y, desde ayer, al amparo de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso de la República, tenemos un paquete de medidas que, en resumen, incrementan las penas para el crimen organizado y tenencia ilegal de armas, y prohíben los beneficios penitenciarios para sicarios.

Así, entran en agenda oficial para reprimir con mayor fuerza el homicidio calificado, sicariato, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, tráfico ilícito de drogas, reglaje, lavado de activos, etc.

Seguramente no estamos ante la panacea, pero sí frente a un cuadro punitivo que, apoyado por los sectores correspondientes, debe aplacar la violencia que se registra a diario en las calles y plazas de nuestra patria.