Demanda admitida

El Tribunal Constitucional (TC) ha acertado al admitir la demanda competencial interpuesta por el presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, pese a que el Poder Ejecutivo temía que esto suceda, lo cual quedó evidenciado con la crítica del propio presidente Martín Vizcarra a la presentación de este recurso, que horas más tarde se tradujo en una denuncia penal por usurpación de funciones contra el citado legislador, hoy a cargo de la Comisión Permanente.

Sucedido esto, el siguiente paso será que el TC se pronuncie sobre el fondo de la demanda y establezca si la disolución del Congreso bajo el insólito argumento de la "denegación fáctica de la confianza" fue constitucional o no. Pero ese es otro cantar y habrá que esperar varias semanas para un pronunciamiento final. Por ahora hay que destacar que este tribunal, elegido por la mayoría humalista del Parlamento anterior (2011-2016), haya tomado la mejor decisión para el país.

Señalo que es lo mejor para el Perú porque, al haberse admitido la demanda, estamos comenzando a recorrer el camino que nos sacará del limbo constitucional en que nos encontramos desde hace exactamente un mes. Hubiera sido un absurdo completo que el recurso sea rechazado en el TC por un aspecto procedimental, que es el argumento con el cual el Ejecutivo, a través de un procurador, ha tratado de bajarse el referido reclamo ante el máximo intérprete de la Carta Magna.

A través de una columna publicada ayer en Correo, el congresista Olaechea señaló que aceptará lo que determine el TC. Y es lo que queda, por más que no nos guste la procedencia de sus magistrados. No se puede actuar como lo hizo el presidente Vizcarra al frustrar la elección de los nuevos tribunos porque no eran de su simpatía, o porque no le agradaba el Congreso democráticamente elegido -por más impresentable que haya sido– que los iba a seleccionar.

Ahora los magistrados constitucionales tendrán que adoptar una decisión de fondo, ojalá sin tomar en cuenta las presiones directas o tácitas que puedan recibir tanto de los dos frentes en controversia como de "la calle" o las encuestas. Acá estamos ante un asunto estrictamente de Derecho, donde no deben caber los criterios políticos o las consideraciones y cálculos que pretenden "contentar" a la opinión pública.