Sobre la democracia y gobernanza en el mundo, el Bertelsmann Transformation Index (BTI) calificó al Estado peruano un grado de “altamente defectuosa”. Un resultado desaprobatorio a pesar de la continuidad democrática de cinco elecciones consecutivas, dos presidencias transitorias conforme el artículo 115 CP y abundante jurisprudencia que brinda contenido a los principios y reglas constitucionales. Un hito impensable en la historia republicana, pero insuficiente para merecer una mejor calificación.
La calidad de la democracia no se mide por el número de reformas a las leyes electorales y el sistema político, las cuáles revisten importancia y demandan un debate parlamentario durante su proceso de aprobación; sin embargo, son otros los estándares donde se aprecian los avances en el fortalecimiento de las instituciones. Su foco de atención es el Imperio del Derecho, es decir, un sistema de administración de justicia sostenido, en cada caso concreto, por “el mismo derecho, un mismo juez para todos y por igual”. Un sistema político donde la justicia tarda, es desigual y sólo algunos van a la cárcel; sumada a unos controles externos que fungen de instituciones de nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Un ministerio público que practica investigaciones selectivas tras ocho años del caso de corrupción más grave de nuestra historia. Un complejo caso que carece de, por lo menos, una sentencia firme y un responsable purgando condena. Por eso, cuando la labor de jueces y fiscales es intervenida, politizada y selectiva se explica una calificación de democracia como “altamente defectuosa”, pues, carecemos de una fuerza correctora por la igualdad.
