Las reacciones políticas ante la captura de Nicolás Maduro revelaron lo que muchos evitaban decir: el derecho internacional ya no opera como un marco normativo común, sino como un lenguaje estratégico al servicio de intereses y correlaciones de poder. No es una anomalía, es su funcionamiento real.

Durante años se enseñó que el derecho internacional ordenaba la convivencia entre Estados mediante soberanía, no intervención y derechos humanos. Hoy ese relato suena a museo. En la práctica, primero se decide políticamente y luego se invoca el derecho para justificar, adornar o silenciar.

La selectividad moral es evidente. La soberanía se defiende cuando protege aliados y se relativiza cuando estorba. Las violaciones a los derechos humanos indignan en algunos casos y se toleran en otros. No hay escándalo por la incoherencia porque se ha normalizado.

Organismos como la ONU o la Corte Penal Internacional conservan textos impecables, pero sus decisiones responden menos a la norma que al poder, al veto, a la presión económica y al peso militar. La legalidad se vuelve negociable y la legitimidad se construye narrativamente.

De ello surgen dos lecciones. Primera: los países no se mueven por principios, sino por intereses. Segunda: la orientación real de un país la define su ciudadanía, por la vía electoral o por la movilización cívica que altera los costos del poder.

Esto también vale para el Perú. Quienes elijamos para gobernar en el 2026 actuarán según intereses y presiones internas. Elegir autoridades que se sometan a la vigilancia ciudadana evitará que la fuerza sustituya al derecho.