Las empresas sociales son aquellas que trabajan por promover la calidad de vida de sus asociados, brindando acceso a servicios y bienes que individualmente serían más difíciles por los costos, reinvirtiendo al mismo tiempo sus márgenes de ganancia en iniciativas innovadoras que generen valor a sus asociados.
Algunas de estas instituciones son más comunes en otros países, por ejemplo, los clubes populares en Argentina, que prestan servicios deportivos y recreativos entre sus asociados o las cajas de compensación en Colombia, que ofrecen a sus confederados desde microcréditos, parques recreativos, infraestructuras deportivas, bibliotecas entre otros servicios. En el Perú el único caso exitoso que hemos tenido en este segmento es la Derrama Magisterial.
A la Derrama están afiliados más de 250 000 maestros, quienes tienen acceso a su infraestructura deportiva y recreativa, a sus hoteles para hacer turismo familiar, microcréditos y hasta créditos hipotecario. Está supervisada por la SBS desde hace más de 25 años y es un caso de éxito en su gobierno corporativo, pues no ha tenido un escándalo, pero el Gobierno busca modificar sus estatutos con el Decreto Supremo N° 009-2022-MINEDU, pero la pregunta es, ¿por qué?
El SUTEP, principal sindicato de maestros del país, era quien nombraba cuatro de los seis miembros de su directorio, los otros los disponía, uno el Ministerio de Educación y el otro el Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú. Pues bien, con la reforma sube a 13 y el SUTEP no dispone a ningún miembro directamente, sino que habrá elección entre los participantes del magisterio.
Si vemos la historia, las tensiones entre los maestros están dadas desde hace más de una década entre las facciones del SUTEP y Conare (hoy Fenatep), y parece que hay un ajuste de cuentas en esa vieja disputa que, con el cambio propuesto, parece indicar que el Gobierno espera ganar esa posición para su sindicato recién legalizado, pero que puede poner en riesgo los fondos allí dispuestos.
