Gran parte de los problemas que tenemos hoy para poder entregar servicios de calidad y de manera oportuna como país a los ciudadanos se debe a la descentralización fallida iniciada en el gobierno de Alejandro Toledo y que 20 años después no es corregida. A diferencia de otros países de la región, la descentralización en el Perú ha sido política, pues solo se ha descentralizado el gasto público que se convierte en la principal herramienta de “grupos regionales” para lograr y consolidar poder político en sus localidades.
Y es que esta descentralización fallida se explica por la ausencia de una verdadera descentralización fiscal que permita a los gobiernos regionales y locales generar ingresos de manera responsable y sostenible. Gastar es fácil, pero generar ingresos y desarrollar capacidades locales para planificar y ejecutar inversión pública con enfoque productivo es agua de otro manantial.
Son múltiples los espacios de reforma que la gestión pública necesita para cumplir con su función de llevar bienes y servicios públicos de calidad, pero estas no rendirán los resultados que deseamos si no rediseñamos la descentralización en el país. Claro está que la recentralización no es la solución, pero si el empezar con un proceso de acreditación de competencias en donde le presupuesto este condicionado a la acreditación de capacidades de gestión del gasto público. Esto, debe ir de la mano con un sistema fino y menudo de seguimiento y monitoreo del gasto público que aún sigue siendo una agenda pendiente del Ministerio de Economía y Finanzas ya que la consulta amigable del MEF para el seguimiento del gasto público no llega al nivel más desagregado del gasto.
Finalmente, debemos evitar la creación de nuevas municipalidades o jurisdicciones locales que no hacen mas que atomizar el gasto en el territorio, de hecho, debiéramos reducirlas.
