La presidenta Dina Boluarte enfrenta una tormenta perfecta. Sus respuestas al escrutinio público sobre el caso Rolex han sido insuficientes y han exacerbado la situación. Casi nadie le cree. La encuesta de Ipsos refleja un sombrío panorama: el 85% de los peruanos cree que la mandataria está involucrada en casos de corrupción, mientras que un porcentaje igual considera que busca obstruir las investigaciones de la fiscalía. Esta percepción lapidaria pone en duda la integridad misma del gobierno.
Pero la desconfianza no se limita al ámbito público; se ha extendido a los círculos empresariales, inversores y mercados. La falta de confianza en el gobierno se refleja en las dudas para invertir en el país, como lo indica el último Barómetro CEO. La percepción de riesgo ha elevado la cautela de los inversionistas del 76 al 82%, lo que inevitablemente conducirá a una disminución en la creación de empleo y mantendrá a la economía en recesión.
¿A qué se debe esto? Al incremento de la delincuencia (de acuerdo al 63% de gerentes consultados), corrupción de los poderes del Estado (57%) e incremento de tensiones política y inestabilidad del sistema democrático (52%).
Es imperativo reconocer que el ataque a la democracia no proviene de aquellos que cuestionan o investigan a la presidenta, como insinuó recientemente ella misma, sino de los propios actos del gobierno. La falta de transparencia ha generado una crisis de confianza que amenaza con socavar la estabilidad y el progreso del Perú.
