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Tres días antes de las elecciones, el juez Hugo Núñez decidió la anulación del indulto humanitario concedido por PPK a Alberto Fujimori. Como los acontecimientos posteriores lo demostraron, fue un gesto político para evitar la vacancia presidencial que ya estaba corriendo. Núñez procedió de acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la oportunidad es crítica. Si ya había desinterés en el proceso electoral del domingo, esta cuestionable decisión ha perturbado aún más.

El país es una hoguera política con una peligrosa polarización y gran indignación en las calles. Cuando el Congreso terminaba su tarea con el ultimátum de un Vizcarra envalentonado que también jaqueó públicamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no había necesidad de mover el tema del indulto.

Le toca al Presidente tranquilizar los ánimos a comenzar por sí mismo. El indulto a Fujimori no estaba en la agenda. Volver a empezar abunda en la crisis institucional y política, que puede alcanzar a la economía si continuamos con gestos irresponsables. Necesitamos reconstruir la legitimidad política que los escándalos de corrupción han liquidado.

También hay justos que podrían pagar por pecadores. Mi solidaridad con el profesor Jesús Munive Taquía, exfuncionario del Ministerio de Transportes, que integró la Comisión que dio la Buena Pro a Odebrecht para la Línea 1 del Metro. Sin pruebas ni indicios de haber recibido soborno, está amenazado con una prisión preventiva de tres años. No ha salido del país en 10 años y vive en su mesocrática casa de San Borja hace 20. Dicta sus clases, no exhibe riquezas y su arraigo es evidente. Ha pedido todas las investigaciones y la Fiscalía ya lo ha absuelto dos veces. Cuidado con los juicios mediáticos.

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