Para encontrar soluciones a problemas de cualquier índole, siempre se parte de un análisis y diagnóstico, y de acuerdo a ello, se plantean propuestas viables respaldadas de evidencia científica.

La pérdida de soberanía en el ámbito jurídico es una de ellas. Estamos atados de pies y manos a un pacto supranacional que impide ejercer nuestra autonomía y plantear soluciones, que aunque sean drásticas y concretas, muestran efectividad contra situaciones que afectan el normal desarrollo de la sociedad.

En el caso del Sistema Nacional de Justicia, llevamos décadas tratando de aplicar mejoras a una estructura del Estado que no da para más. Existen cerca de 8 millones de expedientes sin resolver, mínima tecnología implementada, sistema carcelario colapsado y una masiva impunidad, entre otros males. La politización e ideologización de este sistema está socavando peligrosamente los cimientos de la democracia.

La impunidad y falta de acceso a la justicia merma la credibilidad del sistema, creando en la población la sensación que este derecho fundamental es un mero producto más del mercantilismo, donde todo tiene un precio.

El sistema tiene deficiencias, pero la solución no pasa por reinventar instituciones o aplicar las propuestas de los “notables” asalariados de ONGs con intereses externos, o impulsar aquellas reformas de las lagartijas de turno. El tema es más serio y profundo. Si deseamos verdaderamente, enfrentar estos problemas estructurales, entonces, debemos revisar las causas o las condiciones que la propician.

Cuando el diagnóstico es segado y tiene un direccionamiento político, claro que los resultados serán negativos, y esto ha pasado y sigue pasando desde hace más de 20 años en el país. Todo esto conlleva, irremediablemente, a una “solución” deficiente, inadecuada e ineficaz, que fácilmente es comprobable, pues basta con revisar las cifras.