La movilización ciudadana hacia Lima para el paro nacional del 19 de enero y la llamada “toma de Lima” perfila posibles escenarios para la crisis política y social que atravesamos.

Según el sociólogo Sinesio López, vivimos una transformación tardía durante la cual los sectores hasta hoy históricamente marginados, avanzan en ser considerados ciudadanos con iguales derechos que otros peruanos, sin que en este proceso jueguen algún rol los partidos políticos.

La respuesta del gobierno de Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola insiste en la represión, provocando que movilizaciones inicialmente pacíficas terminen en enfrentamientos violentos, con heridos y fallecidos que lamentar.

Muestra clara de la represión fue la intervención a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desalojando y apresando a los provincianos que habían venido en movilización de protesta. La intervención policial, solicitada por la rectora Jerí Remón, generó rechazo de la comunidad universitaria y el país.

Cerca de 200 detenidos, estudiantes y provincianos, ya han sido liberados salvo uno de ellos, por requisitoria judicial.

Distinto fue el comportamiento de las autoridades de la UNI, que permitieron el alojamiento ordenado de estudiantes provincianos.

Es preciso frenar la represión indiscriminada y absolutamente desproporcionada contra los manifestantes, así como cerrarles el paso a los violentistas, infiltrados que buscan destruir bienes públicos dando pretexto a quienes pretenden salidas dictatoriales y autoritarias para reprimir a los sectores populares y, a quienes tienen posiciones de cambio y anhelos de justicia social.

Necesitamos urgentemente abrir espacios de diálogo para cesar la violencia a fin de iniciar un verdadero proceso de transformación social, empezando por eliminar las desigualdades económicas, sociales y políticas que nos mantienen en permanente crisis política.