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La relación entre el dinero y la política es una clave para lograr democracias transparentes y sin corrupción. Por eso, el financiamiento de partidos, de campañas, de propaganda, constituyen cuestión fundamental, unida no al dinero en abstracto, sino a intereses concretos detrás del dinero.

En los procesos electorales, el dinero elimina las condiciones igualitarias de la competencia y determina la distorsión de las agendas políticas, que están representadas en las opciones que se presentan. Así, temas esenciales pueden quedar fuera de la elección ciudadana. La desigualdad crece cuando no todos tienen acceso a los medios de comunicación y, por ende, a la opinión pública. Los medios son decisivos, pero el dinero define ese acceso sin importar de dónde venga. Candidatos íntegros y capaces quedarán fuera si no lo tienen. Algo que ha venido sucediendo.

Cómo no debatir el impacto del financiamiento y su posibilidad de comprar votos y favores. Finalmente, y bajo clara presión de tiempo y de definiciones, el Congreso aprobó la modificación del artículo 35 constitucional referido al financiamiento de los partidos políticos, la segunda de las cuatro reformas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Muy importante para la transparencia es la inclusión de la bancarización, aceptada aunque con resistencias. El texto sustitutorio implica la penalización de los aportes ilegales o de oscura procedencia. Igualmente, los topes para la propaganda electoral, para el financiamiento político público y privado.

Bienvenida la modificación. Podríamos estar ante el fin de las propagandas millonarias en canales de televisión, diarios y radios, las que en avalancha publicitaria siempre dejan de lado el debate indispensable y la difusión de las propuestas mientras privilegian el mercadeo político.

Quedan pendientes la bicameralidad, lamentablemente entrampada, y la no reelección de congresistas. Les toca apurar el paso para que antes del jueves 4 de octubre todo quede listo para dejar paso al referéndum.

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