En las últimas horas, la capital y el Callao han sido escenario de una ola de violencia alarmante. Un profesor fue asesinado frente a sus alumnos en Ate, un joven fue acribillado dentro de su vehículo a escasos metros de la Municipalidad de Bellavista, y un bus lleno de pasajeros fue atacado a balazos en Comas. Estas tragedias no son casos aislados, sino el reflejo de una tendencia ascendente que parece imparable. Las cifras son contundentes: hasta el 10 de octubre, se han registrado 1,493 homicidios, superando ya los 1,431 que se perpetraron en todo 2023, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).
Mientras la violencia se intensifica, la respuesta del Gobierno sigue siendo insuficiente. Las promesas, los discursos optimistas y las arengas pueden tener su lugar en una campaña electoral, pero en el ejercicio del poder resultan peligrosamente inadecuados. Los peruanos exigimos justicia y acción concreta. La responsabilidad se ha dirigido sin rodeos hacia la presidenta Dina Boluarte, acusada de inoperancia y de no garantizar la seguridad mínima que los peruanos merecen.
La sensación de abandono es palpable. “No hay policías ni autoridades que luchen contra los delincuentes”, se escucha repetidamente en los testimonios de los afectados. Esta percepción no es exagerada; evidencia la falta de presencia y eficacia del Estado para enfrentar la criminalidad.
