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La disolución del grupo terrorista vasco ETA, dada a conocer recientemente, no significa en modo alguno la liberación de la responsabilidad penal de sus miembros por los asesinatos y atentados cometidos en los 58 años en que perturbó la paz española. Dejar pasar las masacres que llevó adelante en la península Ibérica no es una posibilidad y ese criterio es ampliamente respaldado por los diversos sectores políticos en el país. No podría ser de otra manera: más de 900 asesinados no pueden terminar en el olvido por una sociedad tan latigada como la española, que durante el tiempo que operó ETA vivió una completa inseguridad social. Desde que apareció en el País Vasco, una región autónoma del norte español muy pegado al sur francés, en la zona del golfo Cantábrico, durante la época de la dictadura de Francisco Franco, que la combatió hasta el final de su vida. Siendo de las pocas regiones españolas con una prosperidad económica impresionante -también lo tiene Cataluña- el ideal nacionalista vasco, de corte socialista, desafió a toda España con su monarquía constitucional a cuestas, buscando acabarla. El pueblo español ha terminado rechazando la actitud criminal de ETA que operó desde el propio País Vasco, además, una de las pocas regiones españolas que no llegó a ser influenciada por los árabes y el Islam.

No habrá impunidad para aquellos miembros de ETA que han sido imputados responsables de la barbarie cometida durante el tiempo en que operaron buscando hacer doblegar al Estado español. El desdén de su opinión pública es mayoritario y ETA nunca pudo conectar con la población, como para sentir la legitimación de sus acciones violentas. Nadie los ha considerado en la idea de una insertación política en el país y es probable que la justicia española opere de manera implacable. El afán separatista vasco ha terminado o, por lo menos, eso se desprende de los recientes anuncios de sus miembros más visibles, pero nadie puede estar completamente confiado de que así será.