La actividad minera es la principal actividad económica del Perú, seguida por la pesca, la agroindustria y el turismo. Algunos incluso denominan a estas actividades los 4 Fantásticos de la economía peruana. Sin embargo, hoy uno de estos 4, la minería, se encuentra amenazada y con ella más de 1.8 millones de familias peruanas ven peligrar su empleo y su tranquilidad.
Por otro lado, además del empleo, la minería aporta con el 60% de las exportaciones peruanas, lo cual se traduce en divisas (dólares) que ingresan a nuestra economía y nos permiten adquirir todo aquello que no producimos. Asimismo, el sector minero -junto con la pesca- son los sectores que más recursos destinan al fisco, ya que se calcula que alrededor del 47% de su utilidad operativa es entregada al Estado. Lo que éste hace con ese dinero, es harina de otro costal, toda vez que por ineficiencia o corrupción del gobierno local, regional y/o nacional, no se utiliza en la provisión de servicios públicos como agua y saneamiento; infraestructura y desarrollo de capacidades en beneficio de la población.
Así, pretender destruir la actividad minera formal, porque de la ilegal nadie se ocupa (basta visitar Rinconada en Puno o La pampa en Madre Dios), es atentar contra el Perú y las futuras generaciones, más aún en un contexto en el que nuestro país está siendo beneficiado por los altos precios de los minerales; situación que puede cambiar en cualquier momento. Ello, es sin lugar a dudas un disparo al pie, pero lamentablemente al pie de los 33 millones de peruanos y peruanas.
Finalmente y no por ello menos importante, la actuación de la premier en Parinacochas es una vulneración al Estado de derecho por cuanto una primera ministra por más primera ministra que sea, carece de atribuciones para firmar un acta como la suscrita el último viernes en Ayacucho.
Esperamos una verdadera rectificación para así asegurar la reactivación económica que tanto estamos anhelando para recuperar así los 2 millones de empleos perdidos.
