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Si pese al delito y al abuso de los años 90 el fujimorismo logró recuperarse y ser un protagonista importante de la política peruana al extremo de que, pese a quien le pese, es la primera fuerza en el Congreso, resulta increíble la forma en que se está esforzando en dispararse a los pies al haber reclutado en su lista de congresistas a gente para el olvido, como aquella que no está en condiciones ni de acreditar estudios secundarios.

Si ya teníamos bastante con los casos de Maritza García (hoy en la facción de Kenji Fujimori), despojada de sus grados académicos por la Universidad Nacional de Piura; y de Yesenia Ponce, quien incluso habría inventado a profesores y compañeros de estudios, ahora se suma el de Betty Ananculí, quien ha sido acusada por el Ministerio Público de presuntamente falsificar documentos sobre sus estudios superiores.

Pero lo más grave es que ninguno de estos casos, sumamente delicados, y que se suman a otros como el de Elard Melgar o Moisés Mamani, han llevado al Congreso a expulsar por la puerta falsa a estos “padres de la patria”, que siguen ahí, como si nada, cobrando su sueldo, fiscalizando y representando a los peruanos, como si tuvieran autoridad moral para hacerlo. ¿Y la Comisión de Ética?

Si el fujimorismo no es cómplice de estas actitudes de algunos de sus congresistas, de inmediato debería agotar todos los procedimientos, desde su condición de mayoría parlamentaria, a fin de echarlos para que respondan ante el Ministerio Público. Si se equivocaron al hacer su lista de candidatos a legisladores, los “naranjas” deberían enmendar la metida de pata expulsando a los que han engañado a los peruanos.