En su presentación durante la CADE 2021, tanto el presidente Pedro Castillo como la premier Mirtha Vásquez destacaron la importancia de brindar estabilidad jurídica a las empresas que invierten en el Perú, pero luego, de manera unilateral, la premier anunció que no se renovará o ampliará la licencia a varias, que se negociará el cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho y que se evaluará escalar estas medidas a otras partes del país.
El cierre de estos proyectos ya estaba previsto como parte de la concesión en sí, pero apurarlo luego que un grupo de personas tomara y vandalizara los campamentos solo servirá para envalentonar a las intentonas antimineras que ya ocurren o que se vienen gestando en todo el país.
Sí, es necesario que los proyectos mineros y petroleros sean fiscalizados al milímetro y que cumplan todas sus obligaciones, pero este control estatal no puede estar supeditado a los caprichos de una premier abiertamente antiminera ni a actos vandálicos, pues se perderá el estado de derecho y fortalecerá la presencia de aquellos extractores ilegales que solo retiran el mineral y dañan el medio ambiente.
El Perú es un país minero y agrario que necesita encontrar un equilibrio entre ambas actividades para seguir en su camino al desarrollo, pero la pateadura que ha dado la premier Vásquez al Estado de derecho es inaceptable.
