Al cierre de este editorial habían pasado varias horas desde que el Poder Judicial condenara al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, a tres años y medio de prisión efectiva y su paradero seguía siendo un misterio.
Resulta extraño, y preocupante, que la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial no le hayan hecho un seguimiento al exgobernador regional de Junín dada la alta probabilidad de que su sentencia fuera, como finalmente ocurrió, ratificada y se ordenara su internamiento en un penal.
Esta ausencia, aunque sea de pocas horas, del mandamás del partido del lápiz nos remonta a cuando, con la anuencia de las autoridades, se permitió la fuga del exministro de Transportes Juan Silva y de Fray Vásquez Castillo, sobrinísimo del preso por golpe de estado, Pedro Castillo, y, sinceramente, esperamos que esto no vuelva a ocurrir.
Y, mientras sigue como no habido, los acólitos de Cerrón Rojas ahora ensayan descabelladas hipótesis para tratar de invalidar la sentencia en su contra por el caso Aeródromo Wanka e intentan hacerlo pasar por un “perseguido político” cuando, según el Poder Judicial, lo único que hizo fue coludirse con empresarios y malos funcionarios para direccionar la obra y quedarse con dinero de los peruanos.
